En el último mes del año, la deuda de los hogares descendió el 2,4 por ciento (en tasa interanual). La bajada de dicho mes, se justifica por la bajada de los créditos al consumo, que descendieron el 4 por ciento respecto al ejercicio 2010, con un total de 203025 millones.

De la misma manera, los préstamos hipotecarios descendieron el 1,9 por ciento durante ese mes y se ubico en una cifra de 665410 millones, lo que representa algo más del 76 por ciento del endeudamiento global de las familias.

Desde hace varios años se sostiene esta proporción, ya que el descenso de la inversión inmobiliaria ha sido análogo al endeudamiento global, por lo que la cuantía que los hogares destinan a su vivienda ocupa la mayoría de su capital.

Si se comparan los datos con noviembre, la bajada de la deuda de los hogares se justifica por el descenso de los préstamos hipotecarios un 0,38 por ciento y la bajada en un 1,9 por ciento de los créditos al consumo.

En el último mes de 2011 la deuda empresarial bajo el 0,6 por ciento (tasa intermensual) y en tasa interanual el 2,4 por ciento, hasta una cuantía de 1,26 billones. Principalmente por el descenso de un 5 por ciento de los préstamos de bancos residentes y préstamos usados para gastos no incluidos en el balance, hasta un total de 841174 millones.

En contra, los valores diferentes de los bursátiles aumentaron en diciembre el 7,8 por ciento, hasta un total de 65360 millones, y los préstamos exteriores crecieron el 2,4 por ciento hasta alcanzar 351.287 millones.

Dicha encuesta arroja como resultados que las entidades financieras exigirán condiciones más estrictas para el otorgamiento de créditos, ya que las expectativas macro económicas no son alentadoras y la crisis de la deuda pública no termina de resolverse.

Los resultados ratifican la tendencia a una mayor restricción en los préstamos personales y a la financiación en general. Un 35 por ciento de los encuestados afirman que ya han aplicado políticas más restrictivas en el otorgamiento de créditos durante el último trimestre de 2011y un 16 por ciento afirma haberlo hecho durante el trimestre anterior.

Esto trae como consecuencia una disminución de los préstamos. Un 21 por ciento de los Bancos que respondieron la encuesta prevén una disminución del 8 por ciento en los créditos que concedan en el futuro, lo que contrasta con la reducción del 5 por ciento que calculaban para el trimestre anterior.

A su vez, la encuesta indica que el otorgamiento de hipotecas pudiera disminuir un 44 por ciento, mientras que para el trimestre anterior las previsiones eran de un 22 por ciento. Aunque en definitiva la sequía del crédito tiende a mejorar los balances de las instituciones financieras afecta duramente al resto de las empresas y a las familias.

Paradójicamente, los encuestados ven poco factible que estas políticas restrictivas se modifiquen por el aumento de liquidez producido por los préstamos a los Bancos que realizó el BCE y que totalizaron casi 500 mil millones de euros.

Aún cuando las autoridades del organismo monetario europeo han manifestado que dicha inyección de liquidez tenía por objeto evitar un credit crunch, lo cierto es que dichos recursos han sido usados, como se dijo, en mejorar los balances de las instituciones de crédito.

En otras oportunidades el acreedor persigue literalmente al deudor, regando a los 4 vientos (la oficina, el colegio de los hijos, el edificio donde vive) las dificultades financieras de éste, contactando incluso a los vecinos, familiares y compañeros de trabajo sobre este particular.

Es de destacar, incluso, el caso de una señora con cáncer que dejó de pagar dos cuotas de un préstamo personal y que no sólo ha llegado a recibir cerca de 60 llamadas diarias sino que también ha recibido amenazas e insultos del cobrador.

Por ese motivo, muchos personas en casos similares, han solicitado ayuda a la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas, AFES, una asociación sin ánimo de lucro fundada hace unos cinco años para defender los derechos de aquellas personas que se han visto imposibilitadas a pagar sus deudas por perder su trabajo.

Desde la AFES insisten en que la gran mayoría no contrajeron las deudas con la intención de defraudar o de no pagarlas sino que sencillamente se han visto económicamente imposibilitados a pagarlas, y que se sienten avergonzadas de no poder cumplir con los pagos. Conscientes de esto último es que algunos acreedores presionan con amenazas y con un acoso permanente.

El problema es que no está muy claro el marco jurídico que protege a estas personas contra prácticas abusivas de cobro. Para algunos se trata de una violación del artículo 18 de la Constitución que consagra el derecho al honor y la integridad, e incluso constituir un delito de coacción y amenazas, aunque reconocen la dificultad práctica de juzgarlos por esos motivos.

Más efectivas han sido las reclamaciones presentadas por ante la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD. Este organismo público, por ejemplo, ha llegado a multar a Banco Cetelem, con 80 mil euros, porque difundió los pormenores de una deuda entre el círculo de familiares y amigos de un moroso. Igualmente, impuso una multa de 3 mil euros a General Electric Money Bank, quien había estado enviando faxes con los detalles de la deuda al lugar del trabajo del deudor. También impuso a la financiera Cofidis multa de 60 mil euros por difusión de datos sobre casi una decena de morosos quienes presentaron denuncias.

Adicionalmente, ha habido algunas gestiones para regular expresamente esta situación de hostigamiento hacia los deudores, como la exhortación que hizo el Congreso de los Diputados en 2009 para que el Gobierno estableciera un marco regulador de las empresas de reclamación de deudas. Se trató de una proposición no de ley de la Comisión de Economía y Hacienda, en base a un propuesta de CiU, que aunque reconocía el derecho de los acreedores a cobrar su deuda por las vías legales denunciaba las prácticas abusivas de algunos de ellos.

La idea era que la regulación asegurara una protección adecuada de los particulares contra actuaciones que atentasen la dignidad personal o invadiesen la intimidad de cada quien, estableciendo procedimientos cortos y ágiles para el cobro de las acreencias, de forma que los prestamistas no tuviesen que recurrir a métodos poco éticos. Desafortunadamente la propuesta no prosperó y, dado que estamos en presencia de una nueva legislatura, el asunto tendría que ser planteado nuevamente.

No obstante asociaciones de consumidores y abogados recomiendan medir la fiabilidad de dichas promesas, puesto que muchas veces implican un incremento importante de la deuda y exigen el otorgamiento de garantías desproporcionadas.

Así, por ejemplo, por un préstamo de 40 mil euros, el deudor termina dando en garantía una vivienda que puede valer 200 mil. Al no poder pagarlo, el acreedor consigue que se le adjudique, en remate, dicho bien.

Aunque estas empresas actúan, normalmente, dentro del marco de la Ley, al inscribirse en el Registro previsto por un decreto Ley de 2009, ello no significa que sus prácticas sean transparentes.

En efecto, pueden incluso constituir usura, que aunque ya no es un delito penal, continúa estando prohibida conforme a la Ley de 1908 y que castiga con nulidad los contratos de préstamos que fijen un interés significativamente superior al normal, en los que el prestatario, dada su situación crítica, su inexperiencia o su limitación de facultades mentales se ve obligado a aceptar dicho interés exagerado.

En la práctica, ninguna Ley define cuál es el interés normal por lo que el Juez cuenta en estos casos con una gran discreción, que ha utilizado, generalmente, en favor del prestatario.

Existen varias sentencias en las que los Tribunales han declarado nulos contratos donde se declara recibir una cantidad pero en la realidad el importe recibido es mucho menor, lo cual esconde un cobro de intereses abusivo por adelantado.

En estos casos, las garantías otorgadas para garantizar el pago del crédito también son declaradas nulas e incluso se ha condenado a los usureros a pagar indemnizaciones.

Por estos motivos acudir a la Ley de Usura resulta más favorable que pedir el amparo de la Ley de Consumidores y Usuarios, pues ésta sólo anularía la cláusula sobre intereses pero no el resto de las disposiciones del contrato.

No todos los intermediarios financieros pueden catalogarse como usureros; existen quienes obtienen para sus clientes refinanciaciones de deudas en términos convenientes, mediante extensas negociaciones con los Bancos acreedores, así como empresas reconocidas de capital privado que aplican políticas similares a las de las instituciones tradicionales de crédito.

El ascenso es mayor respecto a noviembre del 2010 cuando se ubicaba en un 5,69 por ciento y parece acercarse aceleradamente al máximo del 8,01 por ciento registrado en noviembre de 1994. Esta es la conclusión que arroja el informe provisional del Banco de España al respecto.

En total la morosidad, durante el undécimo mes del año pasado se ubicó en 134 mil 143 millones de euros, superando ampliamente el umbral psicológico de los 100 mil millones de euros que se cruzó en mayo de 2010.

Un billón 785 mil millones de euros fue el total de préstamos en dicho mes de noviembre, lo cual representa una subida del 0,37 por ciento respecto al mes anterior pero un descenso del 2,83 por ciento en relación a noviembre del 2010.

La morosidad es muy distinta para los Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito (un 7,54 por ciento) frente a la de las entidades de crédito a quienes no les está permitido captar depósitos (un 9,04 por ciento).

Esta morosidad en aumento obligó a la banca nacional a crear provisiones por 73 mil 816 millones de euros, esto es un mil 50 millones de euros más que en octubre del 2011 y 11 mil 587 millones de euros más que noviembre del 2010.

Además del impacto negativo que la morosidad produce en los balances, al requerir provisionamiento, ésta afecta igualmente el margen sobre los intereses, puesto que aunque los importes en mora deben continuar siendo financiados no producen ingresos financieros.

La opinión de los especialistas es que continúe la tendencia creciente del porcentaje de morosidad, alcanzando el 8 por ciento dado los niveles de desempleo en el país y la reducción de la solvencia tanto de particulares como de empresas.

El Estudio fue elaborado partiendo de un caso único aplicado a cada una de las ofertas publicitadas: un préstamo rápido por un importe de 3 mil euros, con un plazo de amortización de 4 años.

Entre las irregularidades detectadas cabe mencionar el hecho de que no se detallan todas las condiciones ni se expresa claramente cuál es el coste total de la financiación, lo cual contrasta con la insistencia, en dichas páginas, en la facilidad del pago.

También detectaron que la información, en el caso de créditos rápidos, sobre comisiones de apertura y cancelación “es poco transparente y en ocasiones se oculta”. La CEACCU llama la atención sobre el hecho de que dichas comisiones pueden alcanzar, en estos casos, hasta el 10 por ciento.

Asímismo señala que esta falta de transparencia y de omisión de datos básicos, puede constituir una violación a la directiva del crédito al consumo de la UE. Por este motivo, dicha Asociación planea remitir los resultados del informe a las autoridades comunitarias.

Aunque estos créditos se han convertido, en algunos casos, en la única fuente de financiación para un importante grupo del colectivo nacional, debido a la acentuación de la crisis económica, y se otorgan muchas veces sin necesidad de demostrar una solvencia económica adecuada, la CEACCU advierte sobre los riesgos de incurrir en este tipo de créditos.

En efecto, por lo general dichos préstamos tienen un elevado coste tanto en la tasa de interés como de comisiones. Si a ello se suma la ausencia de información completa y detallada, el exceso de utilización de este mecanismo puede llevar a un sobreendeudamiento perjudicial.

Mientras son rechazadas las solicitudes de préstamos se oyen noticias sobre los astronómicos sueldos de los administradores de las Cajas de Ahorros y de Francisco González, presidente del BBVA, cuyo salario y fondo de pensiones será público en breve. Todo parece indicar que los “sacrificios” vendrán sólo por parte de los clientes, quienes deben asumir la subida exponencial del coste de comisiones por cuentas bancarias y tarjetas de crédito y débito.

Deuda subordinada

Es un producto financiero complejo que los Bancos clasifican como de riesgo medio, sin embargo, diversos sectores la recomiendan sólo a inversores con mayores conocimientos, dando preferencia a los depósitos a plazos para la generalidad de los ahorristas.

La cautela se debe a los riesgos que conlleva la deuda subordinada que suponen que, en caso de que la entidad finalizara sus actividades por razones forzosas, los titulares de la deuda subordinada cobrarán después de otros acreedores como la Seguridad Social o Hacienda, si quedase algún saldo. Otro riesgo inherente se debe a que la cotización de dicha deuda en el mercado fluctúe; los intereses de la deuda subordinada son, generalmente, mayores a otros productos financieros de inversión.

Las exigencias de solvencia por parte del Estado a la banca han hecho que la banca quiera deshacerse de ésta deuda ya que los requerimientos oficiales esperan capital de mayor calidad. Las entidades financieras han emitido más de 40 mil millones de euros en deudas subordinadas que deben ahora “recoger” para cumplir con el acuerdo de Basilea, probablemente sea otra “herida sangrante” para el sector.

Comisiones

Durante 2011, Bancos y Cajas de Ahorro han aumentado las comisiones de todos los productos y servicios que ofrecen: mantenimiento y administración de cuentas (+22%), cobro de cheques, talonarios, retiros por cajeros automáticos, tarjetas de débito (+17%) y de crédito (+9,6%).

En el caso de las cuentas de ahorro la subida fue del 26,70 por ciento comparados con un 21,73 por ciento del último mes de 2010.

En las cuentas corrientes el aumento fue de 5,2 por ciento comparando con el mismo período, por lo que el aumento fue de 22,8 por ciento.

A pesar de la preocupación que produce este hecho, lo cierto es que el monto representa un descenso del 2,8 por ciento comparado con noviembre del 2010.

El Banco de España, BDE, publicó hoy sus estadísticas provisionales y los datos apuntan a que los créditos hipotecarios de los particulares disminuyeron en 1,2 por ciento al contrastar los números con noviembre del año pasado cuando los préstamos hipotecarios se ubicaron en 667 mil 935 millones de euros.

Este importe señala un 76,05 por ciento de endeudamiento de las familias españolas que marca, a su vez, una caída del 0,18 por ciento comparado con octubre.

El porcentaje se ha mantenido constante los últimos años debido al descenso en la adquisición de pisos que ha ido a la par con la caída en el nivel de endeudamiento global de las familias.

Por otra parte, los préstamos personales orientados a la adquisición de bienes o servicios descendieron, en noviembre, en un 5 por ciento si se comparan con el mismo mes de 2010 y se ubicaron en 207 mil 195 millones de euros.

Es así como, comparadas con octubre, las obligaciones de los particulares se han incrementado tímidamente en un 0,45 por ciento y los préstamos lo han hecho en un 2,5 por ciento.

Por su parte el sector de las empresas ha reducido su endeudamiento, tanto respecto a hace un año como a octubre. Esto significa que las deudas de las empresas se ubicaron en noviembre en un importe total de 850 mil 784 millones de euros, un 5 por ciento menos que hace doce meses y un 0,13 por ciento menos con respecto al mes de octubre.

Este descenso tuvo lugar gracias al retroceso del 4,5 por ciento de préstamos de entidades de crédito residentes y préstamos titulizados fuera de balance.

Otros valores aumentaron un 6 por ciento en noviembre y se ubicaron en 65 mil 467 millones; los préstamos al exterior ascendieron en un 2,5 por ciento y se ubicaron en 352 mil 734 millones.

Según la información facilitada por el Banco de España, las entidades bancarias poseen una cuantía en créditos considerados de dudoso cobro que asciende a 131.908 millones, aproximadamente cuatro mil millones más que en el mes de septiembre, cuanto la mora alcanzó el 7,16% con 128.080 millones.

La banca nacional no tenía una morosidad tan elevada desde finales de 1994. En aquel momento, después de la intervención por el Banco de España de Banesto, la morosidad bancaria supero el ocho por ciento.

En el último año, la mora ha crecido un 1,736% y la cartera de créditos dudosos ha crecido en 28525 millones.

El Banco de España, también ha concretado la morosidad por la clase de crédito, aunque las cifras en este caso son trimestrales.

En este aspecto, la mora del sector inmobiliario vinculado con las entidades financieras subió en el noveno mes hasta ubicarse en 18,971%, en el final del segundo trimestre se ubico en un 17,7% y en septiembre de 2010 en un 11,7%.

El saldo de créditos calificados como dudosos que las entidades bancarias tienen con los promotores inmobiliarios era hace doce meses de 37.707 millones y en la actualidad ha subido a 57.577 millones.

En las empresas constructoras, su morosidad en el último año ha crecido hasta el 16,09%, y el saldo de créditos dudoso ha llegado a 16.455 millones, un aumento de 3.824 millones.

Pero no solamente las empresas crean problemas a las entidades bancarias. La mora en la adquisición de vivienda, si bien es muy inferior, asimismo crece intensamente. A final del segundo trimestre fue de un 2,49% en el final del tercer ha llegado al 2,67%. En un trimestre han pasado mil millones a los créditos dudosos, hasta alcanzar 16688 millones.

Las estadísticas evocan la situación ya vivida en 2009 cuando la cantidad de préstamos hipotecarios concedidos se hundía junto a la economía española, marcando el final de la bonanza inmobiliaria de esos años.

A pesar de la caída de los precios en los inmuebles, de los descuentos en los pisos de los Bancos y del IVA reducido para las obras nuevas, el sector no reacciona por la falta de recursos para financiar las operaciones de compra-venta de fincas. Por un lado los Bancos están cerrados a la concesión de préstamos hipotecarios y por el otro los particulares temen adquirir un compromiso de pago que no están seguros de poder cumplir posteriormente, persiste el temor a quedar sin empleo en cualquier momento.

Paralelamente, los datos provisionales del Banco de España parecen confirmar el descenso, sus cálculos, aún sin terminar, arrojan que se otorgaron un total de 2 mil 745 millones de euros en contraste con los 4 mil 484 millones de octubre del año pasado.

Mientras tanto, los precios de los inmuebles continúan un proceso de ajuste, presionado también por la escasez de financiación. Según las estadísticas del Índice de Mercados Inmobiliarios Españoles, IMIE, es descenso de los precios de los pisos es del 6,9 por ciento en tasa interanual y de 23,7 por ciento desde el último mes de 2007.

En otro contexto se ubican los créditos al consumo cuya lentitud mantiene en jaque a comerciantes, consumidores y a empresas. Las mismas fuentes del sector financiero han admitido públicamente que sus responsables de riesgo revisan las solicitudes de créditos al consumo con mayor detenimiento y que el listón de requisitos por cumplir ha subido. Ello, sumado a una disminución de la demanda del público, desanimado por la situación económica. ha hecho retroceder los préstamos al consumo en un 15 por ciento interanual y en 14 por ciento los créditos para empresas.

El importe total negociado en créditos al consumo fue de 1.230 millones en octubre, lo cual equivale a un 17 por ciento menos que el mes anterior y contrasta con los 1.450 millones concedidos en octubre del año pasado.

El sector corporativo recibió 39 mil millones en créditos lo cual representa una caída del 14 por ciento con respecto a los 45 mil 544 millones negociados el años anterior.

A pesar de la estrategia de Bancos y Cajas de ahorro de mantener el hermetismo en cuanto a la concesión de créditos, octubre encadena tres meses seguidos de ascensos al registrar un aumento del 3 por ciento en los créditos otorgados al público.