Los beneficiarios de dichos préstamos personales no deben ser menores de 18 años ni mayores de 35, la cantidad máxima a financiar con estos créditos es de 18 mil euros y el plazo de amortización no puede exceder los 60 meses.

Las particularidades de cada uno son las siguientes:

Super Crédito Consumo Universidad
Como su nombre lo indica está dirigido a financiar cualquier necesidad de los beneficiarios. El préstamo personal presenta un interés fijo del 9,45 por ciento con una comisión de apertura del 3 por ciento y una de cancelación total o parcial del 1 por ciento, por ello la tasa anual efectiva (TAE) de un préstamo de 18 mil euros a 60 meses sería del 11,31 por ciento.

Préstamo PostGrado Universitario OPEN
Este crédito sí tiene una finalidad específica: financiar estudios universitarios complementarios. A diferencia del anterior, la tasa de interés es variable: Euribor+5,50% que al día de hoy equivaldría al 7,34 por ciento. El monto mínimo es de 600 euros y el plazo mínimo de amortización es de un año, con los máximos a que hemos hecho mención al comienzo del artículo.

Tiene una comisión de apertura del 3 por cinto y una comisión de cancelación total o parcial del 1 por ciento, lo que eleva su TAE al 8,63 por ciento. Puede solicitarse una carencia de capital de hasta 2 años.

La página web de OpenBank, en su zona de préstamos, ha incluido un simulador de préstamos que permite calcular la cuota correspondiente dependiendo del importe a solicitar y del plazo de amortización del préstamo. Además de estos préstamos la Banca online del Santander ofrece a los universitarios que se hagan clientes de OpenBank lo siguiente:

10 euros de regalo por domiciliar la beca o matrícula, e igual monto por referir a un amigo.
Sorteo de 5 premios por el equivalente a la factura del móvil, multiplicada por diez, hasta un máximo de mil euros.
Entrega de hasta 300 pases premium Spotify para quienes se hagan cliente entre enero y febrero.
Descuentos en la adquisición de ordenadores portátiles y de tableta.

En el último mes del año, la deuda de los hogares descendió el 2,4 por ciento (en tasa interanual). La bajada de dicho mes, se justifica por la bajada de los créditos al consumo, que descendieron el 4 por ciento respecto al ejercicio 2010, con un total de 203025 millones.

De la misma manera, los préstamos hipotecarios descendieron el 1,9 por ciento durante ese mes y se ubico en una cifra de 665410 millones, lo que representa algo más del 76 por ciento del endeudamiento global de las familias.

Desde hace varios años se sostiene esta proporción, ya que el descenso de la inversión inmobiliaria ha sido análogo al endeudamiento global, por lo que la cuantía que los hogares destinan a su vivienda ocupa la mayoría de su capital.

Si se comparan los datos con noviembre, la bajada de la deuda de los hogares se justifica por el descenso de los préstamos hipotecarios un 0,38 por ciento y la bajada en un 1,9 por ciento de los créditos al consumo.

En el último mes de 2011 la deuda empresarial bajo el 0,6 por ciento (tasa intermensual) y en tasa interanual el 2,4 por ciento, hasta una cuantía de 1,26 billones. Principalmente por el descenso de un 5 por ciento de los préstamos de bancos residentes y préstamos usados para gastos no incluidos en el balance, hasta un total de 841174 millones.

En contra, los valores diferentes de los bursátiles aumentaron en diciembre el 7,8 por ciento, hasta un total de 65360 millones, y los préstamos exteriores crecieron el 2,4 por ciento hasta alcanzar 351.287 millones.

Dicha encuesta arroja como resultados que las entidades financieras exigirán condiciones más estrictas para el otorgamiento de créditos, ya que las expectativas macro económicas no son alentadoras y la crisis de la deuda pública no termina de resolverse.

Los resultados ratifican la tendencia a una mayor restricción en los préstamos personales y a la financiación en general. Un 35 por ciento de los encuestados afirman que ya han aplicado políticas más restrictivas en el otorgamiento de créditos durante el último trimestre de 2011y un 16 por ciento afirma haberlo hecho durante el trimestre anterior.

Esto trae como consecuencia una disminución de los préstamos. Un 21 por ciento de los Bancos que respondieron la encuesta prevén una disminución del 8 por ciento en los créditos que concedan en el futuro, lo que contrasta con la reducción del 5 por ciento que calculaban para el trimestre anterior.

A su vez, la encuesta indica que el otorgamiento de hipotecas pudiera disminuir un 44 por ciento, mientras que para el trimestre anterior las previsiones eran de un 22 por ciento. Aunque en definitiva la sequía del crédito tiende a mejorar los balances de las instituciones financieras afecta duramente al resto de las empresas y a las familias.

Paradójicamente, los encuestados ven poco factible que estas políticas restrictivas se modifiquen por el aumento de liquidez producido por los préstamos a los Bancos que realizó el BCE y que totalizaron casi 500 mil millones de euros.

Aún cuando las autoridades del organismo monetario europeo han manifestado que dicha inyección de liquidez tenía por objeto evitar un credit crunch, lo cierto es que dichos recursos han sido usados, como se dijo, en mejorar los balances de las instituciones de crédito.

En otras oportunidades el acreedor persigue literalmente al deudor, regando a los 4 vientos (la oficina, el colegio de los hijos, el edificio donde vive) las dificultades financieras de éste, contactando incluso a los vecinos, familiares y compañeros de trabajo sobre este particular.

Es de destacar, incluso, el caso de una señora con cáncer que dejó de pagar dos cuotas de un préstamo personal y que no sólo ha llegado a recibir cerca de 60 llamadas diarias sino que también ha recibido amenazas e insultos del cobrador.

Por ese motivo, muchos personas en casos similares, han solicitado ayuda a la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas, AFES, una asociación sin ánimo de lucro fundada hace unos cinco años para defender los derechos de aquellas personas que se han visto imposibilitadas a pagar sus deudas por perder su trabajo.

Desde la AFES insisten en que la gran mayoría no contrajeron las deudas con la intención de defraudar o de no pagarlas sino que sencillamente se han visto económicamente imposibilitados a pagarlas, y que se sienten avergonzadas de no poder cumplir con los pagos. Conscientes de esto último es que algunos acreedores presionan con amenazas y con un acoso permanente.

El problema es que no está muy claro el marco jurídico que protege a estas personas contra prácticas abusivas de cobro. Para algunos se trata de una violación del artículo 18 de la Constitución que consagra el derecho al honor y la integridad, e incluso constituir un delito de coacción y amenazas, aunque reconocen la dificultad práctica de juzgarlos por esos motivos.

Más efectivas han sido las reclamaciones presentadas por ante la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD. Este organismo público, por ejemplo, ha llegado a multar a Banco Cetelem, con 80 mil euros, porque difundió los pormenores de una deuda entre el círculo de familiares y amigos de un moroso. Igualmente, impuso una multa de 3 mil euros a General Electric Money Bank, quien había estado enviando faxes con los detalles de la deuda al lugar del trabajo del deudor. También impuso a la financiera Cofidis multa de 60 mil euros por difusión de datos sobre casi una decena de morosos quienes presentaron denuncias.

Adicionalmente, ha habido algunas gestiones para regular expresamente esta situación de hostigamiento hacia los deudores, como la exhortación que hizo el Congreso de los Diputados en 2009 para que el Gobierno estableciera un marco regulador de las empresas de reclamación de deudas. Se trató de una proposición no de ley de la Comisión de Economía y Hacienda, en base a un propuesta de CiU, que aunque reconocía el derecho de los acreedores a cobrar su deuda por las vías legales denunciaba las prácticas abusivas de algunos de ellos.

La idea era que la regulación asegurara una protección adecuada de los particulares contra actuaciones que atentasen la dignidad personal o invadiesen la intimidad de cada quien, estableciendo procedimientos cortos y ágiles para el cobro de las acreencias, de forma que los prestamistas no tuviesen que recurrir a métodos poco éticos. Desafortunadamente la propuesta no prosperó y, dado que estamos en presencia de una nueva legislatura, el asunto tendría que ser planteado nuevamente.

No obstante asociaciones de consumidores y abogados recomiendan medir la fiabilidad de dichas promesas, puesto que muchas veces implican un incremento importante de la deuda y exigen el otorgamiento de garantías desproporcionadas.

Así, por ejemplo, por un préstamo de 40 mil euros, el deudor termina dando en garantía una vivienda que puede valer 200 mil. Al no poder pagarlo, el acreedor consigue que se le adjudique, en remate, dicho bien.

Aunque estas empresas actúan, normalmente, dentro del marco de la Ley, al inscribirse en el Registro previsto por un decreto Ley de 2009, ello no significa que sus prácticas sean transparentes.

En efecto, pueden incluso constituir usura, que aunque ya no es un delito penal, continúa estando prohibida conforme a la Ley de 1908 y que castiga con nulidad los contratos de préstamos que fijen un interés significativamente superior al normal, en los que el prestatario, dada su situación crítica, su inexperiencia o su limitación de facultades mentales se ve obligado a aceptar dicho interés exagerado.

En la práctica, ninguna Ley define cuál es el interés normal por lo que el Juez cuenta en estos casos con una gran discreción, que ha utilizado, generalmente, en favor del prestatario.

Existen varias sentencias en las que los Tribunales han declarado nulos contratos donde se declara recibir una cantidad pero en la realidad el importe recibido es mucho menor, lo cual esconde un cobro de intereses abusivo por adelantado.

En estos casos, las garantías otorgadas para garantizar el pago del crédito también son declaradas nulas e incluso se ha condenado a los usureros a pagar indemnizaciones.

Por estos motivos acudir a la Ley de Usura resulta más favorable que pedir el amparo de la Ley de Consumidores y Usuarios, pues ésta sólo anularía la cláusula sobre intereses pero no el resto de las disposiciones del contrato.

No todos los intermediarios financieros pueden catalogarse como usureros; existen quienes obtienen para sus clientes refinanciaciones de deudas en términos convenientes, mediante extensas negociaciones con los Bancos acreedores, así como empresas reconocidas de capital privado que aplican políticas similares a las de las instituciones tradicionales de crédito.

En este sentido se ha creado el Fondo de Crédito Foran-Empleo Autónomo con un presupuesto de 25 millones de euros. A partir del 23 de enero los autónomos podrán optar a una financiación desde 3 mil a 25 mil euros por proyecto con un máximo de 50 mil euros en el caso de varios proyectos

El programa financia hasta un 100 por ciento del coste de cada iniciativa con intereses preferenciales a tasa fija entre el 5,25 y el 7,25 por ciento con un plazo de amortización de 2 años y carencia de 3 meses para financiación de gastos corrientes y de 5 años con carencia de 6 meses para proyectos de inversión.

Como se indicó, tendrán preferencia los proyectos que fomenten la sostenibilidad económica o ambiental, que hagan énfasis en mejorar la seguridad en el trabajo y estimulen la competitividad y la productividad, al igual que aquellos que favorezcan la integración de colectivos en riesgo (menores de 30 años, desempleados mayores de 45, discapacitados, inmigrantes y víctimas de violencia de género).

No se beneficiarán refinanciaciones de préstamos hipotecarios o de pasivos financieros en general. La financiación no sólo incluye micro créditos y créditos directos, sino también el otorgamiento de garantías (aval) en favor del solicitante. Por otra parte, no se exigirán a éste garantías reales (prendas o hipotecas) sino personales, para el otorgamiento de los préstamos.

No obstante, este proyecto no implica concesión de ayudas o subvenciones a fondo perdido, en el sentido de que los autónomos que reciban fondos están obligados a reembolsarlos. A su vez, no podrán realizar solicitudes adicionales hasta que no haya devuelto, por lo menos, la mitad de los importes recibidos inicialmente.

El proyecto va a ser ejecutado a través de un convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Empleo y CaixaBank, mediante el cual este ente crediticio prestará los servicios financieros necesarios para la gestión de los créditos.

Para ello, los autónomos que deseen solicitar financiación deberán presentar una solicitud desde el 23 de enero en cualquier sucursal de CaixaBank (un total de 620 en Andalucía). Adicionalmente, la Fundación Andalucía Emprende, a través de sus Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) ofrece asesoría para preparar la solicitud, incluyendo la documentación a presentar.

Existirá una comisión de seguimiento, con representantes de la Consejería y de CaixaBank para coordinar y controlar la correcta ejecución de esta iniciativa de otorgamiento de créditos. El Fondo se enmarca dentro de la recientemente sancionada Ley Andaluza para la Promoción del Trabajo Autónomo y constituye una alternativa de financiación en una época de marcada sequía de créditos.

Para el Consejero de Empleo se trata de otra de las varias medidas que la Junta ha implementado en beneficio de los casi 500 mil autónomos que trabajan en la Comunidad, un tercio de los cuales son mujeres. Por último, destaca la amplitud de la iniciativa, en el sentido de que no está limitada a sectores económicos determinados sino que basta con que los proyectos cumplan los requisitos de viabilidad y objetivos descritos anteriormente.

La creación del Fondo requiere de una campaña de información a lo largo de toda Andalucía, la cual será puesta en práctica de inmediato y se basará fundamentalmente en trípticos y folletos informativos.

El ascenso es mayor respecto a noviembre del 2010 cuando se ubicaba en un 5,69 por ciento y parece acercarse aceleradamente al máximo del 8,01 por ciento registrado en noviembre de 1994. Esta es la conclusión que arroja el informe provisional del Banco de España al respecto.

En total la morosidad, durante el undécimo mes del año pasado se ubicó en 134 mil 143 millones de euros, superando ampliamente el umbral psicológico de los 100 mil millones de euros que se cruzó en mayo de 2010.

Un billón 785 mil millones de euros fue el total de préstamos en dicho mes de noviembre, lo cual representa una subida del 0,37 por ciento respecto al mes anterior pero un descenso del 2,83 por ciento en relación a noviembre del 2010.

La morosidad es muy distinta para los Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito (un 7,54 por ciento) frente a la de las entidades de crédito a quienes no les está permitido captar depósitos (un 9,04 por ciento).

Esta morosidad en aumento obligó a la banca nacional a crear provisiones por 73 mil 816 millones de euros, esto es un mil 50 millones de euros más que en octubre del 2011 y 11 mil 587 millones de euros más que noviembre del 2010.

Además del impacto negativo que la morosidad produce en los balances, al requerir provisionamiento, ésta afecta igualmente el margen sobre los intereses, puesto que aunque los importes en mora deben continuar siendo financiados no producen ingresos financieros.

La opinión de los especialistas es que continúe la tendencia creciente del porcentaje de morosidad, alcanzando el 8 por ciento dado los niveles de desempleo en el país y la reducción de la solvencia tanto de particulares como de empresas.

Los términos de la financiación personal, ya se redujeron el año pasado en comparación a las otras convocatorias y se sostienen para la actual, el interés al 0% ha desaparecido, se libera de la futura renta y no se cambian los periodos de carencia, pero se incrementa el plazo de amortización para el reintegro. Las razones de estos cambios, son por la crisis.

El objetivo de estos préstamos personales, es posibilitar el acceso a los doctorados y máster impartidos en nuestro país, o la educación similar impartida en los países pertenecientes al Espacio Europeo de Educación Superior, Canadá y Estados Unidos.

Se financiaran los estudios, por medio de una ayuda al principio que servirá para cubrir los gastos de matriculación (límite seis mil euros para ciento veinte créditos), o si lo prefiere una renta todos los meses (límite 800 euros en un año para estudios de treinta a sesenta créditos y en veintiuna mensualidades para formación de sesenta créditos en más de un año), en que se desarrolle la formación, para enfrentar otros gastos adicionales como la manutención o la residencia.

El importe máximo es de 15600 euros, cuando la formación tenga una duración de un curso académico, hasta 28800 euros si se extienden en dos cursos. Cuando en el extranjero se cursen estudios de doctorado o máster, el importe máximo se ampliara con el importe del suplemento. Como la vigencia de la financiación se ha establecido una vez comenzado el curso académico, los estudiantes que quieran solicitar la renta mensual, podrán pedir el pago retroactivo de dicha renta.

La duración de la financiación, cambiara según los estudios para los que se pida. Para un doctorado o máster de treinta a sesenta créditos, serán 8 años de amortización con 2 de carencia, para posgrados de noventa créditos, doce años de amortización con 3 de carencia, y para la formación de ciento veinte créditos, 16 años de amortización con 4 de carencia. Estas duraciones serán obligatorias para todos los peticionarios, con amortizaciones mensuales y lineales.

El interés aplicado será del 5,433%. No obstante, el Ministerio subvencionara una parte de los préstamos, con la cuantía que resulte de aplicar dicho interés durante el plazo de carencia.

La anterior convocatoria se incluyo una novedosa cláusula, que se mantiene y limite al acceso a los estudiantes que hayan logrado en 2010 rentas de más de 22000 euros.

El plazo para la solicitud será hasta el miércoles 30 de mayo, pudiendo acceder al mismo los universitarios que estén realizando o vayan a hacerlo durante este curso un doctorado o un máster en nuestro país, en los países incluidos en la EEES, Canadá o Estados Unidos.

Requisitos Préstamos Renta Universidad 2012

• Ser español, tener permiso de residencia o tener la nacionalidad de un estado miembro de la UE, siempre que haya residido en nuestro país los cuatro años antes al día de la presentación de la documentación.
• Haber conseguido la titulación oficial de grado o correspondiente, que permita el acceso a la formación de posgrado, después del uno de enero del año 2000.
• Estar matriculado o haber sido aceptado, en una formación de por lo menos treinta créditos o correspondientes a los másteres, de un curso académico en el caso del doctorado.
• No haber logrado anteriormente otro máster en cualquier país y no haber recibido anteriormente esta financiación, en alguna de las anteriores convocatorias.

El Estudio fue elaborado partiendo de un caso único aplicado a cada una de las ofertas publicitadas: un préstamo rápido por un importe de 3 mil euros, con un plazo de amortización de 4 años.

Entre las irregularidades detectadas cabe mencionar el hecho de que no se detallan todas las condiciones ni se expresa claramente cuál es el coste total de la financiación, lo cual contrasta con la insistencia, en dichas páginas, en la facilidad del pago.

También detectaron que la información, en el caso de créditos rápidos, sobre comisiones de apertura y cancelación “es poco transparente y en ocasiones se oculta”. La CEACCU llama la atención sobre el hecho de que dichas comisiones pueden alcanzar, en estos casos, hasta el 10 por ciento.

Asímismo señala que esta falta de transparencia y de omisión de datos básicos, puede constituir una violación a la directiva del crédito al consumo de la UE. Por este motivo, dicha Asociación planea remitir los resultados del informe a las autoridades comunitarias.

Aunque estos créditos se han convertido, en algunos casos, en la única fuente de financiación para un importante grupo del colectivo nacional, debido a la acentuación de la crisis económica, y se otorgan muchas veces sin necesidad de demostrar una solvencia económica adecuada, la CEACCU advierte sobre los riesgos de incurrir en este tipo de créditos.

En efecto, por lo general dichos préstamos tienen un elevado coste tanto en la tasa de interés como de comisiones. Si a ello se suma la ausencia de información completa y detallada, el exceso de utilización de este mecanismo puede llevar a un sobreendeudamiento perjudicial.

Mientras son rechazadas las solicitudes de préstamos se oyen noticias sobre los astronómicos sueldos de los administradores de las Cajas de Ahorros y de Francisco González, presidente del BBVA, cuyo salario y fondo de pensiones será público en breve. Todo parece indicar que los “sacrificios” vendrán sólo por parte de los clientes, quienes deben asumir la subida exponencial del coste de comisiones por cuentas bancarias y tarjetas de crédito y débito.

Deuda subordinada

Es un producto financiero complejo que los Bancos clasifican como de riesgo medio, sin embargo, diversos sectores la recomiendan sólo a inversores con mayores conocimientos, dando preferencia a los depósitos a plazos para la generalidad de los ahorristas.

La cautela se debe a los riesgos que conlleva la deuda subordinada que suponen que, en caso de que la entidad finalizara sus actividades por razones forzosas, los titulares de la deuda subordinada cobrarán después de otros acreedores como la Seguridad Social o Hacienda, si quedase algún saldo. Otro riesgo inherente se debe a que la cotización de dicha deuda en el mercado fluctúe; los intereses de la deuda subordinada son, generalmente, mayores a otros productos financieros de inversión.

Las exigencias de solvencia por parte del Estado a la banca han hecho que la banca quiera deshacerse de ésta deuda ya que los requerimientos oficiales esperan capital de mayor calidad. Las entidades financieras han emitido más de 40 mil millones de euros en deudas subordinadas que deben ahora “recoger” para cumplir con el acuerdo de Basilea, probablemente sea otra “herida sangrante” para el sector.

Comisiones

Durante 2011, Bancos y Cajas de Ahorro han aumentado las comisiones de todos los productos y servicios que ofrecen: mantenimiento y administración de cuentas (+22%), cobro de cheques, talonarios, retiros por cajeros automáticos, tarjetas de débito (+17%) y de crédito (+9,6%).

En el caso de las cuentas de ahorro la subida fue del 26,70 por ciento comparados con un 21,73 por ciento del último mes de 2010.

En las cuentas corrientes el aumento fue de 5,2 por ciento comparando con el mismo período, por lo que el aumento fue de 22,8 por ciento.