La CCU solicita que la responsabilidad de la concesión de los créditos recaiga sobres la entidades prestamistas

El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) ha realizado un Informe de Evaluación del Anteproyecto de Economía Sostenible, piensa que debería ser corregido para prevenir el endeudamiento excesivo y fomentar el desarrollo de la economía española.

A continuación recogemos las opiniones, recomendaciones y exigencias del CCU respecto al Anteproyecto de Economía Sostenible presentado por el Gobierno.

Solicita que la futura ley determine que la responsabilidad de la asignación de un crédito recaiga sobre la institución prestamista, de tal forma, que si se confiere un crédito exento de resposablidad el contrato no sea válido.

Razona que las entidades deberán admitir la designación de estos créditos al ser los que disponen que datos requieran del usuario y los que valoran la solicitud. En el supuesto de cancelación, el cliente reintegrará el crédito sin pago de intereses de ninguna clase.

Exige que la nueva normativa prohíba a los Bancos y Cajas de Ahorros vincular la concesión de un préstamo hipotecario a la suscripción de otros productos financieros, ya que opina que estas prácticas son abusivas para el cliente.

En lo referente a las ejecuciones hipotecarias el Consejo pide que se agregue un apartado al Anteproyecto que establezca, que cuando el cliente no sea propietario de otro inmueble, pueda solicitar al juzgado, que en vez de subastar el inmueble, se establezca un acuerdo entre las dos partes implicadas.

Está de acuerdo con la deducción por IRPF por inversión en vivienda habitual, que se aplicara a partir del próximo año, para capitales menores a 24.170 €. No obstante, pide una regulación de la validez de valoraciones de viviendas realizadas por un tasador registrado, independiente del Banco o Caja dónde se pide la hipoteca.

Reivindica que la normativa permita a las Asociaciones de Consumidores solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el abrir expediente sancionador a los Bancos o Cajas de Ahorro que incumplan la ley.

Igualmente pide que los dictámenes de los servicios de reclamaciones de los supervisores financieros sean de forzoso cumplimiento y que se establezca un tiempo máximo de resolución de los expedientes.

Demanda que la ley incluya que todas las entidades reguladoras dispongan de un comité consultivo donde esté presente y participe para confirmar la representación social.

Subraya la necesidad de fortalecer las medidas de defensa del consumidor de la Dirección General de Seguros como entidad administrativa que tutela los seguros y fondos de pensiones.

Para terminar reclama que se obligue a las compañías de energía a notificar detalladamente a los clientes, periódicamente y vía telemática, del gasto energético que efectúan, algo que no ocurre con el sistema actual de lectura de cada dos meses y la facturación mensual.

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