El proyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo busca aumentar los derechos del consumidor

Ha sido publicado el Proyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo, que deja sin vigencia la Ley 7/1995. La nueva normativa está enmarcada dentro de las exigencias que Bruselas planteó al país en cuanto a reestructuración del sistema financiero.

El texto del Proyecto establece medidas orientadas a proteger los derechos de los usuarios y fija las responsabilidades de las entidades del sector de manera de dar mayor transparencia a las operaciones entre los solicitantes de financiación y bancos.

Como punto de inicio, el proyecto plantea un concepto ampliado del crédito al consumo y al respecto asegura que se refiere a toda operación en la cual una entidad otorga a un individuo que actúa de forma personal y no como empresa, un préstamo que el solicitante puede devolver con pagos a plazos. Las condiciones de dicha operación deberán quedar definidas en un contrato que firman ambas partes.

La normativa incluye los préstamos por un importe superior a 75 mil euros y deja por fuera los créditos por debajo de los 200 euros ya que éstos últimos no tienen coste financiero ni gastos o están exentos de la norma debido al objetivo mismo del crédito, como por ejemplo el leasing sin compromiso de compra.

Las entidades deberán entregar al consumidor un documento que contendrá la información sobre los intereses, comisiones y gastos (datos financieros) del préstamo al consumo de modo que el cliente pueda conocer con detalle lo que pagará en cada factura y lo que habrá amortizado al terminar de pagar el crédito y así poder valorar si le conviene o no según su situación financiera personal.

Si bien la nueva norma incrementa las responsabilidades de las entidades financieras en cada etapa del proceso que supone el crédito, el texto se centra la atención en la información previa que las instituciones deberán facilitar a los clientes antes de la firma del contrato. Para ello se ha creado un modelo estándar que recibirá el solicitante de la mano del banco. Este documento deberá contener información sobre los intereses, comisiones y gastos (datos financieros) del préstamo de modo que el cliente pueda conocer con detalle lo que pagará en cada factura y lo que habrá amortizado al terminar de pagar el crédito y así poder valorar si le conviene o no según su situación financiera personal.

Las instituciones financieras deberán tomar cada caso como único y particular e incluso si la solicitud fuese denegada, deberán ofrecer al cliente una justificación basada en su expediente de solvencia, cuyo contenido deberá manejar el banco como información básica de primera mano.

Posterior a la contratación el Proyecto dictamina que el cliente podrá rechazar el préstamo o sus términos hasta 14 días después de la firma del contrato sin que tenga que justificarse, tampoco podrá ser penalizado por ello.

En la normativa se reducen las comisiones por amortización anticipada y se establece la posibilidad de que el consumidor solicite un arbitraje (esto es como una especie de juicio pero la decisión la toma un experto en vez de un juez), podría ser un miembro de una organización dedicada a defender los derechos de los consumidores.

Otro sector que ha incluido el Proyecto dentro de la norma es el de las entidades financieras no bancarias. Al respecto establece las mismas obligaciones para este sector que además deberá advertirle al cliente sobre su propia naturaleza e informarle aún más detalladamente de lo que deberá hacerlo el sector financiero bancario.

En general, existe en el ambiente la incertidumbre sobre los efectos que las nuevas medidas tendrán en el sistema crediticio, en cuanto a que si ayudará o por el contrario endurecerá los requisitos para la concesión de créditos a particulares.

Los bancos y cajas de ahorro ya están preparando sus áreas operativas para adaptarse a la nueva normativa y para evitar futuras reclamaciones de parte de los clientes.

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