Un juzgado declara nulo un contrato de préstamo de capital privado por usura

Un juzgado de Tarragona ha declarado la nulidad de un contrato de préstamo de capital privado sobre la base de que el mismo constituía usura. Se trata de un caso en el que una vecina de dicha localidad recibió un préstamo de 12 mil euros para pagar en 6 meses sin intereses. Hasta allí no habría problema si no fuese porque en el documento firmado ante notario en julio de 2008 declaró que recibía 26 mil 250 euros.

Es decir, en realidad los intereses eran de 14.250 euros por seis meses, que anualizados dan una tasa del 237, 5 por ciento, lo que resultaba desproporcionado y muy por encima del precio del mercado.

Aunque no existía una prueba fehaciente de que la prestataria hubiese recibido sólo los 12 mil euros, el Juez tomó como presunción el hecho de que en el contrato no se establecieran intereses. Siendo que la prestamista se dedicaba a esta actividad, ello no resultaba muy lógico.

La persona que realizó el préstamo de capital privado, identificada con las iniciales M.B.G., refutaba con el argumento de que su ganancia estaba en los intereses moratorios, pues sus clientes normalmente no podían pagar el préstamo dentro del plazo estipulado. A su vez, el juez consideró que no era creíble que un prestamista realizara préstamos confiando en que todos ellos iban a caer en mora.

Pero tal vez la prueba fundamental ha sido la declaración de dos testigos que obtuvieron préstamos de la misma persona; el primero recibió 6 mil 500 euros aunque en el contrato notariado se anotaron 17 mil setecientos, y el otro 6 mil euros, notariando el préstamo por 12 mil 250 euros.

En definitiva, el juez ha declarado nulo el contrato de préstamo, por lo que la prestataria sólo deberá cancelar el principal, es decir, 12 mil euros, sin intereses. Adicionalmente, ha declarado nulo el contrato de hipoteca sobre un inmueble que garantizaba dicho préstamo y ha condenado a la prestamista a cancelar 10 mil euros en costas procesales.

Aunque no es un delito desde la reforma del Código Penal de 1995, la usura está prohibida en España desde la llamada Ley Azcárate, del 23 de julio de 1908, que castiga los contratos usurarios con su nulidad. A su vez, establece que hay usura en diferentes supuestos, como cuando el prestatario se ve obligado a aceptar intereses muy altos por su precaria o angustiosa situación económica, o cuando el interés es notoriamente superior al del mercado.

Pese a que el juez consideró que no estaba probado el primer supuesto, sí se encontraban en el segundo caso. Es conveniente señalar que dicha norma otorga a los tribunales absoluta discreción para determinar cuándo un interés es desproporcionado, pues no existe una determinación legal al respecto. Por ello, no es la primera vez que un contrato similar es declarado nulo judicialmente.

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